Leonor Ayala Flores, cuestionada magistrada por el CNM

Esta inepta funcionaria fué cesada

del  Poder  Judicial  en  diciembre 

2019.

N° 197 - 2012-PCNM

Lima, 29 de marzo de 2012

VISTO:

El expediente de evaluación y ratificación de doña Leonor Eugenia Ayala Flores; y,

CONSIDERANDO:

Primero.- Que, por Resolución N° 126-2003-CNM de 08 de abril de 2003, doña Leonor Eugenia Ayala Flores fue nombrada en el cargo de Vocal de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte, habiendo transcurrido desde su nombramiento el período de siete años a que se refiere el artículo 154° inciso 2) de la Constitución Política del Perú para los fines del proceso de evaluación y ratificación correspondiente;

Segundo.- Que, por acuerdo adoptado por el Pleno, se aprobó la Convocatoria N° 004-2011-CNM de los procesos individuales de evaluación y ratificación, entre otros, de doña Leonor Eugenia Ayala Flores, en su condición de Vocal de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte, siendo el período de evaluación de la magistrada desde el 15 de abril de 2003 a la fecha de conclusión del presente proceso, cuyas etapas han culminado con la entrevista personal a la evaluada en sesión pública de 06 de marzo de 2012, cuya votación quedó reservada hasta el 29 de marzo de 2012, habiéndose garantizado el acceso previo al expediente e informe para su lectura respectiva, por lo que corresponde adoptar la decisión final;

Tercero.- Que, con relación al rubro de conducta, revisados los documentos que obran en el expediente, doña Leonor Eugenia Ayala Flores durante el período de desempeño: a) no registra medidas disciplinarias; b) se presentaron tres cuestionamientos vía participación ciudadana, sobre los que fue preguntada durante el desarrollo de la entrevista, entre otros sobre el proceso en el cual doña Estela Epifanía Ruiz Solier, procesada por tráfico ilícito de drogas fue absuelta y se dispuso su libertad, siendo excluida del proceso; posteriormente, se sentenció a dos procesados y se dispuso la incautación del inmueble ubicado en la Urbanización San Remo II, sentencia que no le fue notificada, solicitando la desafectación de su inmueble, lo que fue materia de apelación, la Sala con opinión favorable del Ministerio Público, dispone declarar nula la apelada, pero el Juez nuevamente declara improcedente la referida solicitud; por lo que, el Fiscal Superior opina que se identifique adecuadamente el bien, pues el inmueble sub materia es el Nº 08 y no el Nº 09, en ese sentido, la Sala resolvió ordenando la desafectación. Sin embargo, no fue ejecutada puesto que en la Suprema se rechazó el pedido. Estando a lo expuesto, a criterio de este colegiado la Sala a la que pertenece la magistrada evaluada actuó dentro de su criterio jurisdiccional, no encontrando en la magistrada una conducta que difiera con el perfil deseado para el cargo, respondiendo a los cuestionamientos a satisfacción de este Colegiado; c) de los tres referéndums, uno del Colegio de Abogados de Lima en el año 2006 y dos en el Colegio de Abogados de Lima Norte en los años 2007 y 2010, fue aprobada por la mayoría de abogados de dichos colegios profesionales; d) no registra tardanzas ni ausencias injustificadas; e) con relación al aspecto patrimonial, no se encontraron incrementos significativos, guardando coherencia sus ingresos, ahorros, bienes, viajes y obligaciones. En líneas generales, la evaluación de este rubro permite concluir por los firmantes que doña Leonor Eugenia Ayala Flores en el período sujeto a evaluación ha observado buena conducta;

Cuarto.- Que, con relación a su idoneidad, los documentos presentados para calificar el rubro de calidad de sus decisiones en promedio obtuvieron calificación aceptable. En calidad de gestión, obtuvo la calificación de adecuada gestión. En producción, conserva un estándar de producción aceptable. En organización de trabajo, en el año 2009 obtuvo calificación de excelente y en los años 2010 y 2011 obtuvo la calificación de buena organización, calificaciones que denotan su esfuerzo y responsabilidad en el ejercicio del cargo. Respecto al rubro desarrollo profesional, doña Leonor Eugenia Ayala Flores es egresada de la Maestría con mención en Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Federico Villarreal y de la Maestría con mención en Derecho de Trabajo y de Seguridad Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asimismo es egresada del Doctorado en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, ha realizado cursos de especialización en la Academia de la Magistratura y otras instituciones. Además, ejerce la docencia universitaria en la Universidad Privada San Juan Bautista, en el curso de Derecho Colectivo de Trabajo; ha publicado un libro “Marco Jurídico de las Relaciones Laborales” y un artículo en revista bajo el título “De la flexibilización laboral a la protección de los derechos inespecíficos”; mostrando interés por materias que complementan su función;

Quinto.- Que, de lo actuado en el proceso de evaluación integral y ratificación ha quedado establecido que doña Leonor Eugenia Ayala Flores durante el período sujeto a evaluación ha satisfecho en forma global las exigencias de conducta e idoneidad, acorde con el delicado ejercicio de la función jurisdiccional, situación que se acredita con la documentación obrante en el expediente, así como con los indicadores que han sido objeto de la evaluación y que se han glosado en los considerandos precedentes; asimismo, este Consejo tiene presente además el examen psicométrico (psiquiátrico y psicológico) practicado a la evaluada, cuyos resultados el Pleno guarda con la debida reserva;

Sexto.- Que, por lo expuesto, tomando en cuenta los elementos objetivos glosados, se determina la convicción de la mayoría del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura en el sentido de renovar la confianza a la magistrada evaluada;

En consecuencia, el Consejo Nacional de la Magistratura en cumplimiento de sus funciones constitucionales, de conformidad con el inciso 2 del artículo 154° de la Constitución Política del Perú, artículo 21° inciso b) y artículo 37° inciso b) de la Ley 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, y artículo 36° del Reglamento de Evaluación Integral y Ratificación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público, aprobado por Resolución N° 635-2009-CNM, y al acuerdo adoptado por mayoría del Pleno en sesión de 29 de marzo de 2012;

SE RESUELVE:

Primero.- Renovar la confianza a doña Leonor Eugenia Ayala Flores; y, en consecuencia, ratificarla en el cargo de Vocal de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte, hoy Juez Superior de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

Segundo.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese, en cumplimiento del artículo trigésimo noveno del Reglamento de Evaluación Integral y Ratificación vigente.

GASTON SOTO VALLENAS PABLO              TALAVERA ELGUERA

LUIS MAEZONO YAMASHITA                        GONZALO GARCIA NUÑEZ

LUZ MARINA GUZMÁN DÍAZ                          MAXIMO HERRERA BONILLA

El Incorruptible ex magistrado que 

opinó que la entonces Juez Leonor 

Ayala no es idónea para el cargo.

Voto del señor Consejero Vladimir Paz de la Barra, en el proceso de evaluación integral y ratificación de doña Leonor Eugenia Ayala Flores, Vocal de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte, y considerando;

Primero.- Que, de lo actuado en el presente proceso de evaluación y ratificación se tiene que la magistrada Leonor Eugenia Ayala Flores, ha sido cuestionada por su actuación en la Primera Sala Penal – Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en la tramitación del expediente Nº 48-2003, pronunciándose sobre la solicitud de restitución del inmueble de propiedad de Epifania Estela Ruiz Solier, ubicado en la Avenida Bertello Manzana I, Lote ocho de la Urbanización San Remo del Distrito de San Martín de Porres, luego de haber sido procesada por tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado, respecto de lo cual por resolución de fecha 18 de julio de 2005, resolvió revocar la resolución del 11º Juzgado Especializado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de fecha 10 de diciembre de 2003, que declaró improcedente la restitución del mencionado inmueble y reformándola declaró procedente la desafectación del mismo;

Que, sin embargo, se tiene que la incautación definitiva de dicho inmueble fue ordenada por sentencia de fecha 11 de mayo de 1999 emitida por la Sala Especializada en delitos de tráfico ilícito de drogas, la misma que quedó firme al no ser objeto de impugnación por las partes, adquiriendo la calidad de cosa juzgada;

Que, en síntesis, la magistrada Leonor Eugenia Ayala Flores, no solo revocó una resolución del Juez de primera instancia que había declarado improcedente la restitución de un bien inmueble que había sido incautado definitivamente en un proceso penal por tráfico ilícito de drogas, sino lo grave es que, mediante dicho pronunciamiento vulneró la calidad de cosa juzgada, pues la incautación a la que se hace referencia fue ordenada por sentencia que quedó debidamente consentida;

Que, interpuesto el Recurso de Nulidad por la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos judiciales de tráfico ilícito de drogas, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante resolución de fecha 19 de marzo de 2009 (R.N. Nº 1794-2007), declaró haber nulidad en la resolución superior del 18 de julio de 2005 que revocando el auto del 10 de diciembre de 2003 declaró procedente la desafectación del inmueble; y reformándola declararon improcedente la desafectación solicitada;

Que, la Sala Suprema en su Sétimo Considerando establece expresamente lo siguiente: “Que, por sentencia del once de mayo de mil novecientos noventa y nueve, se determinó que el inmueble sub litis ubicado en la Manzana I Lote ocho, Residencial San Remo II, Distrito de San Martín de Porras, era utilizado como laboratorio para la elaboración de clorhidrato de cocaína, encontrándose enterrado Pasta Básica de Cocaína en el patio de la casa; asimismo, debe tenerse en cuenta que el inmueble era habitado por el sentenciado Juan Amadeo Vásquez Garay y su conviviente Estela Epifania Ruiz Solier; agregándose que la sentencia de folios ciento cincuenta y cuatro (se refiere a la mencionada resolución de 11 de mayo de 1999) ha adquirido firmeza y por imperio de la garantía constitucional de la cosa juzgada –uno de cuyos efectos positivos es precisamente la ejecutoriedad de las mismas–, no es posible modificar sus mandatos salvo que exista autorización legal que lo autorice; que el Código de Procedimientos Penales en su artículo quinto señala que existe cosa juzgada cuando el hecho denunciado ha sido objeto de una resolución firme, nacional o extranjera, en el proceso penal seguido contra la misma persona; que en el caso que nos ocupa la sentencia que ordenó la incautación definitiva del inmueble quedó consentida, como ya se indicó; por lo que, el Colegiado Superior al ordenar la devolución del inmueble, no respetó lo decidido en la sentencia, atentando de esta manera contra la seguridad jurídica referido a la intangibilidad de una resolución judicial debidamente consentida”;

Que, como puede apreciarse, se encuentra acreditado que la magistrada Leonor Eugenia Ayala Flores, con la emisión de la resolución de fecha 18 de julio de 2005, recaída en el expediente Nº 48-2003, ordenó la desafectación de un bien inmueble cuya incautación definitiva había sido dispuesta en mérito a una sentencia condenatoria en un proceso de tráfico ilícito de drogas que se encontraba consentida, y por lo tanto con calidad de cosa juzgada;

Que, el artículo 139º, numeral 2, de la Constitución Política del Perú, establece que ninguna autoridad puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada.

Igualmente, el artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances y, asimismo, no se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo responsabilidad;

Que, la autoridad de cosa juzgada se constituye en uno de los pilares de la administración de justicia, por ser consustancial al principio de seguridad jurídica que debe ser garantizado por todo magistrado en procura de un recto y confiable servicio de justicia;

Que, la ciudadanía es sensible a este tipo de fallos, que generan una percepción negativa con respecto a la administración de justicia en el sentido que generan inseguridad jurídica, máxime si se trata de materias tan delicadas como el tráfico ilícito de drogas, como el presente caso;

Que, en ese sentido, el suscrito considera que la magistrada evaluada no genera la confianza para seguir en el cargo;

Segundo.- Que, teniendo en cuenta estos aspectos, queda establecido que doña Leonor Eugenia Ayala Flores, no satisface las exigencias de conducta e idoneidad que justifiquen su permanencia en el servicio;

Por tanto, basándome en la objetividad de lo actuado, mi VOTO es porque NO SE RENUEVE la confianza a doña Leonor Eugenia Ayala Flores y, en consecuencia, NO SE LE RATIFIQUE en el cargo de Vocal de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte, hoy Juez Superior de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

VLADIMIR PAZ DE LA BARRA